El Supremo solicita al Congreso el suplicatorio para investigar a Ábalos por cuatro delitos

El PSOE adelanta que, cuando llegue el momento, apoyará la concesión solicitada por el Alto Tribunal por el ‘caso Koldo’

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha decidido pedir al Congreso de los Diputados que suspenda la inmunidad parlamentaria de José Luis Ábalos, exsecretario de Transportes, al detectar suficientes pruebas de la comisión de cuatro crímenes: participación en organización delictiva, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

De acuerdo con el juez, «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados» acerca de la posible participación de Ábalos en los sucesos investigados hace esencial obtener la aprobación de la Cámara Baja, tal como la Constitución requiere. Esta petición se formalizará a través de una exposición argumentada dirigida al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo para su gestión.

En el documento, recogido por EP, Puente especifica que esta resolución se fundamenta en las declaraciones realizadas tanto a Ábalos mismo, a su exasesor ministerial y al empresario Víctor de Aldama, supuesto beneficiado de la trama. Además, se fundamenta en la documentación proporcionada, las acciones telefónicas realizadas y los registros domiciliarios dictados por la Audiencia Nacional De acuerdo con el magistrado, se presentan suficientes indicios para suponer que Ábalos, «prevaliéndose de su condición de ministro», habría promovido la adjudicación de contratos públicos, especialmente durante la pandemia de covid-19, a cambio de ganancias económicas personales.

Intervención activa de Koldo

Dentro de los contratos estudiados se incluyen adjudicaciones inmediatas para la compra de productos de salud como mascarillas, uniformes especiales y laboratorios.

Puente indica que De Aldama, «aprovechando la relación personal que le unía» con Ábalos y Koldo, consiguió datos clave sobre estas necesidades apremiantes, lo que le facilitó garantizar la adjudicación en beneficio de la compañía que representaba, Soluciones de Gestión. Adicionalmente, habría promovido otros acuerdos parecidos con la administración pública, favoreciendo tanto a compañías como a individuos.

En su indagación, el magistrado determina que Koldo «intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y realizaba operaciones para ocultar los cobros de la organización». Además, Ábalos habría intervenido de manera personal y supuestamente percibido los beneficios financieros provenientes de estas actividades ilegales, en cooperación con su asesor del ministerio.

Los inmuebles de la discordia

El documento también indica «indicios suficientes» de que Ábalos podría haber obtenido beneficios financieros a través del abono de rentas y la adquisición de propiedades a precios inferiores al valor de mercado. En particular, se especifica que:

1. De Aldama habría asumido el alquiler de la vivienda de la pareja sentimental de Ábalos.
2. Se habría concertado, mediante una empresa vinculada a De Aldama, el alquiler con opción de compra de un chalet en la costa.
3. De Aldama habría facilitado un contrato de alquiler con opción a compra de un piso de 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, con un precio de venta fijado en 750.000 euros, aparentemente inferior al valor real de mercado.

Finalmente, el juez Puente ha enviado una argumentada exposición al presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, con el fin de que, tras la aprobación de la Sala Segunda, se transmita el recurso al Congreso de los Diputados por medio de la presidenta del Tribunal Supremo.

El PSOE votará a favor

El PSOE ya ha manifestado que, cuando sea el momento oportuno, respaldará en el Congreso la otorgación del suplicatorio. Además, ha solicitado al Tribunal Supremo investigar al exministro José Luis Ábalos por el caso Koldo.

Este miércoles, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, lo ha manifestado en los pasillos del Congreso. «Como hemos hecho siempre, nosotros respetamos las decisiones de la Justicia. Votaremos a favor de ese suplicatorio porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la Justicia vaya hasta el final, aclare todo este asunto y determine las responsabilidades que hay en él».

El recurso de Ábalos, como apunta EP, será el primer asunto de la legislatura que se lleve a cabo en el Congreso, sin embargo, su aprobación no se prevé hasta febrero, dado que enero es inhábil a nivel parlamentario debido a que está fuera de los periodos habituales de sesiones.

Hasta el momento, el Congreso ha aceptado 33 peticiones y ha descartado 14 (dos de ellas relacionadas con el mismo diputado). La más reciente negativa del Congreso tiene su origen en 1988 y hace referencia a una disputa por derecho al honor entre el exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (ahora reconocido como Soares Gamboa) por tener sus imágenes en carteles del Ministerio del Interior.