El Gobierno tantea cómo poner coto a las ‘querellas Manos Limpias’

El documento remitido al Consejo del Poder Judicial ya marginaba a los partidos políticos, sindicatos y entidades públicas de la acción popular

En abril de este año, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dio los primeros pasos para elaborar un borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que restringía la figura de acusación popular a partidos, sindicatos y entidades públicas. Iniciativa enfocada prácticamente en prevenir que agrupaciones de ultraderecha como Manos Limpias puedan aprovechar dicha posición para cumplir con el «ciclo del bulo». Después de resurgir en septiembre y retornar al cajón, Félix Bolaños planea la reforma definitiva para el primer trimestre de 2025, de acuerdo con elDiario.es.

En este momento, los técnicos del Ministerio han necesitado alternativas para terminar con una práctica de la que se favorecen para generar el ambiente ideal para desestabilizar al Gobierno en funciones.

El ministro de Presidencia detalló las acciones de estas entidades en el ámbito parlamentario. En la última sesión de control al Gobierno del año 2024, Bolaños expresó su opinión contundente acerca de las entidades «ultraderechistas a las que» PP y Vox «benefician», calificándolas como perjudiciales para el país al «pervertir la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias». De esta manera se manifestó ante el Pleno de la Cámara Baja, antes de afirmar que las organizaciones ultras no tienen la formación para «esclarecer los hechos», sino para «contar mentiras» y que los populares y la extrema derecha se aprovechen de tales falsedades.

Presión de los ultras

Es que Bolaños mismo revitalizó el debate hace dos semanas en los espacios de La Vanguardia. El ministro concedió una entrevista al periódico del grupo Godó, en la que se le cuestionó directamente sobre la evolución del borrador de ley. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sostenía que la «presión inadmisible de grupos ultras» representa uno de los desafíos más significativos de la Justicia en el presente, ya que fundamentan su proceso como acusación popular en amenazas contra políticos y sus familias. Una táctica en la que el Partido Popular es el principal beneficiario.

“Esta mentira utilizada por los grupos ultra para interponer una querella, se judicializa y el PP y Vox aprovechan para seguir propagando el bulo hasta el infinito, aunque la realidad se desenmascara el final del camino. Por el momento, solo cabe analizar la Ley de enjuiciamiento criminal para determinar cuál debería ser el rol de las acusaciones populares porque la Constitución las amparas, aunque no prevé los límites y competencias que puedan ejercer se han establecido por ley”, precisaba el ministro de Justicia, según recoge elPlural.

Contemplada en la Constitución

De acuerdo con eldiario.es, después de varios meses de descanso, parece que la propuesta está en marcha. Como mínimo ha alcanzado la velocidad de cruce. Por lo tanto, las expectativas de que el texto se desarrolle se sitúan en el primer trimestre del próximo año 2025. De acuerdo con la información proporcionada por eldiario.es, Bolaños ya habría solicitado a los técnicos de su departamento opciones para poner fin a una práctica que beneficia a numerosas asociaciones como Manos Limpias.

Como correctamente señaló el ministro, la acusación popular está contemplada en la Constitución y es una figura que solo se encuentra en España y su objetivo es fomentar la participación de los ciudadanos en la justicia.

El documento remitido al Consejo del Poder Judicial ya marginaba a los partidos políticos, sindicatos y entidades públicas de la acción popular. A pesar de que inicialmente esta figura se entendía como un medio para facilitar la participación de los ciudadanos en la justicia y la protección de la legalidad, con el paso del tiempo ha sido empleada por entidades políticas para obtener datos judiciales, utilizándola en provecho personal o para crear titulares en los medios a favor de sus oponentes políticos.

Por esta razón, se sugiere eliminar de la acción popular a las entidades jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos, por motivos de «mínima coherencia institucional». Para los partidos y sindicatos, su marginación como acusadores populares se fundamenta en su posición específica en el sistema constitucional como entidades de interés público y en el riesgo de que su participación active una instrumentalización del proceso, dada su vinculación con el debate político.

Prevenir el «uso fraudulento»

El borrador también dicta que en situaciones de «especial complejidad», la acción civil podría ser limitada si su implementación demorara o afectara de manera excesiva el progreso de la investigación criminal. En dichas circunstancias, el Juez de Garantías determinará si se restringe o no la acción popular, previa petición del fiscal responsable de la investigación.

Además, la meta presente es extender estas restricciones a las organizaciones extremadamente derechistas, bajo la justificación de «higiene democrática». A pesar de que el Gobierno todavía no ha detallado el procedimiento de esta exclusión, el objetivo es prevenir el «uso fraudulento» de la acción popular por estos colectivos, cuya acción se percibe como impulsada por objetivos políticos, mediáticos o de revancha. La meta es evitar que lo empleen esta herramienta para generar efectos perjudiciales que distorsionen el proceso judicial o su finalidad original.