El Gobierno prorrogará por decreto el impuesto a las eléctricas, que quedará a expensas del voto de Junts y PNV

Las cuatro compañías de energía con mayor cotización en España obtienen un beneficio total de 10.247 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2024

En el Consejo de Ministros de la próxima semana, como regalo de Navidad, el Gobierno autorizará la extensión del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías de electricidad. Previo a que la medida decaiga el 31 de diciembre, el Ejecutivo opta por promover de manera autónoma la persistencia del gravamen a través de un Real Decreto, tras comprobar la imposibilidad de acuerdo con todos los socios parlamentarios.

La mesa de negociación entre el ministerio de Hacienda y los grupos parlamentarios volvió a reunirse en la tarde de ayer. Como sucedió la semana anterior, Junts y PNV, claramente en contra del impuesto, optaron por no participar en las reuniones. Y tampoco participó Podemos, que fue el que pidió la convocatoria de esa mesa a cambio de respaldar la reforma fiscal, un hecho que causó un malestar particular en el PSOE y en otros aliados parlamentarios de izquierda. Los partidarios de Ione Belarra sostuvieron que no tenía «motivo de ser» asistir a una reunión donde no hay oportunidad de consenso entre los aliados de investidura.

Sin embargo, Hacienda preservó su compromiso con los demás socios y los encuentros tuvieron lugar en la tarde del miércoles con agrupaciones como ERC, EH Bildu o BNG. El fracaso de ese foro promovido por Podemos, junto con la evidencia de que es una artimaña alinear a los socios progresistas con los conservadores respecto a la tributación de grandes corporaciones cuyos intereses también respaldan los nacionalistas vascos y los de Carles Puigdemont, ha impulsado al Gobierno a actuar de manera autónoma y recurrir al recurso del Real Decreto.

Soberanistas de izquierda

ERC, EH Bildu y el BNG confirmaron en una declaración conjunta tal situación después de las disputas con Hacienda. «ERC, EH Bildu y BNG han acordado hoy con el Gobierno español la aprobación en el Consejo de Ministros, antes de fin de año, del Real Decreto que permitirá mantener el gravamen a las energéticas, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso y tramitarlo como Proyecto de Ley para convertirlo en impuesto. En el diseño del texto se incluirán las bonificaciones a proyectos renovables propuestas por otros grupos, mostrando así nuestra voluntad de lograr un acuerdo amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas necesarias para su aprobación», indica el texto recogido por elDiario.es.

La declaración de los soberanistas vascos, catalanes y gallegos añade, según elDiario.es, que «de esta manera, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre entre ERC, EH Bildu y BNG con el Gobierno para garantizar que las energéticas sigan pagando lo que les corresponde. La fórmula pactada —decreto y posterior tramitación— es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas forales vasca y navarra».

En realidad, es un avance más simbólico en lo político que en la verdadera repercusión que pueda generar su implementación. En el departamento de María Jesús Montero sostienen que, al extender el impuesto, habrán cumplido con su compromiso adquirido con socios como Podemos, ERC o EH Bildu. Ya será otra cosa poder validar esa medida en el Congreso de los Diputados.

Junts y PNV, cruciales

Una vez extendido el impuesto, su validez se establecerá de manera automática al ser publicado en el Boletín Oficial del Estado y después de decaer el impuesto vigente el último día anual. Sin embargo, posteriormente deberá ser aprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados en un periodo máximo de 30 días desde su promulgación. Es en ese punto donde los votos de Junts y PNV volverán a ser cruciales para conseguir una mayoría parlamentaria de respaldos.

Hasta el momento, tanto los nacionalistas de Vasconia como los independentistas de Cataluña han demostrado ser inflexibles respecto a un tipo de impuesto del que se oponen. A pesar de que entre los militantes socialistas había quien buscaba una rendija para la comprensión. El propósito de Hacienda en el decreto de la próxima semana es implementar sistemas de incentivos para las compañías que se comprometan a destinar una porción de sus ganancias a la descarbonización de la energía. Un factor que algunos consideran importante para el Gobierno que podría funcionar como punto de partida para la petición de Junts de que el gravamen no dañe las inversiones programadas en Catalunya. Para la otra pata, la del PNV, también existe interlocución desde el Ejecutivo respecto a la demanda de que sea una gestión y una recaudación que asuma por completo el Gobierno Vasco, apunta elDiario.es.

Cifras récord

El impuesto fue establecido en 2022 con el objetivo de gravar las ganancias excepcionales obtenidas por las compañías del sector energético debido a su habilidad para capitalizar la crisis inflacionaria para incrementar los márgenes de sus operaciones. «Tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país», argumentaba Hacienda a finales de septiembre de este 2024, al divulgar el dato de recaudación del impuesto a las grandes empresas eléctricas y petroleras, que alcanzó los 1.164 millones sobre sus beneficios del 2023, un monto parecido al del año previo.

Las cuatro compañías de energía con mayor cotización en España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) obtuvieron, según recoge elDiario.es, un beneficio total de 10.247 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2024, superando los beneficios récord de 9.037 millones que obtuvieron hasta septiembre de 2022. En ese año, los costos del gas natural superaron todas las cifras máximas después de la crisis energética que se produjo después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Cepsa, que no tiene cotización en bolsa, acumula casi 500 millones de ganancias netas durante el mismo periodo de 2024.