El Gobierno exige la aplicación Ley de Vivienda a las CCAA

También se propone desde el Ejecutivo la aprobación de una reforma de la Ley del Suelo que brinde mayor protección legal a los municipios al modificar sus planes de urbanización

La Conferencia de Presidentes le ha servido, una vez más, al Gobierno para exigir a todas las comunidades autónomas a implementar la Ley de Vivienda y ha establecido que el parque público llegue al 20%, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo consultadas por EP.

De esta manera, el Ejecutivo de España ha actuado durante la cumbre multilateral que tuvo lugar este viernes en el Palacio de la Magdalena de Santander, donde el tema de la vivienda fue uno de los temas centrales de la reunión entre el presidente, Pedro Sánchez, y los líderes autonómicos.

Desde el Gobierno de España han solicitado a las comunidades que implementen la Ley de Vivienda, «cuyas herramientas que están dando buenos resultados allí donde se aplican y están contribuyendo a reducir el precio de los alquileres».

Además, ha exigido a las autonomías asegurar de manera permanente e irreversible el carácter público y social de las viviendas financiadas con fondos públicos, con el fin de garantizar que el parque público de vivienda asequible continúe aumentando y alcance el 20% que poseen los países europeos más progresistas en este asunto.

De la misma forma, los de Sánchez proponen la aprobación de una reforma de la Ley del Suelo que brinde mayor protección legal a los municipios al modificar sus planes de urbanización y contribuya a agilizar la edificación de viviendas asequibles, además de ajustar la legislación.

Autonomías contrarias

Es importante recordar que el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del derecho a la vivienda, interpuestos por cincuenta legisladores del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Cataluña y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas de Andalucía, Illes Balears y Madrid.

Los recurrentes cuestionaban varios artículos de la normativa, entre ellos, el artículo 8 a), el artículo 15.1, el artículo 16, varios segmentos de los artículos 18, 19 y 27, además de la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera y varios segmentos de la disposición final primera.

En las demandas de inconstitucionalidad, según informó en su día Servimedia, se alegaba que la Ley recurrida podría ser contraria al régimen de distribución de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

Por su parte, el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular también plantea la posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local.