El Congreso insta al Gobierno a actuar contra el acoso escolar de alumnos discapacitados

Del mismo modo, sugiere promover un entorno educativo inclusivo en el que todos se sientan apreciados y acogidos, puede contribuir a evitar el acoso

La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el acoso escolar al alumnado con discapacidad y, particularmente, la discapacidad intelectual, con 32 votos a favor y 3 votos en contra de Vox, según ha informado EP.

La iniciativa de los socialistas insta al Gobierno a adoptar medidas para luchar contra el fenómeno del bullying, sobre todo el que sufre la infancia con discapacidad, particularmente la discapacidad intelectual, «para lo que es necesario que las administraciones educativas refuercen y adapten, cuando sea necesario, los protocolos de acción».

Además, exige al Ejecutivo impulsar acciones de concienciación, tanto para la población general como para la comunidad educativa, acerca de la relevancia de coexistir en la diversidad.

El texto alerta que el acoso escolar en individuos con discapacidad «es un asunto grave que necesita un cuidado especializado y acciones concretas para prevenirlo y tratarlo de forma eficaz». «Es esencial colaborar para establecer ambientes escolares seguros, inclusivos y respetuosos para todos los individuos», añade.

Prevenir y enfrentar el acoso

Dentro de las acciones que pueden contribuir a prevenir y enfrentar el acoso, la propuesta no legal resalta la concienciación y la educación, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes, docentes y a toda la comunidad educativa acerca de la discapacidad, y promover la empatía y el respeto hacia las personas con discapacidad, además de políticas y protocolos «definidos», dado que las instituciones educativas «deben contar con políticas contra el acoso escolar que incluyan medidas específicas para abordar el acoso hacia personas con discapacidad», lo cual puede incluir procedimientos de denuncia, intervención temprana y consecuencias para los acosadores.

La propuesta también considera la importancia de proporcionar un soporte personalizado, dado que los individuos con discapacidad «pueden requerir ayuda extra para manejar situaciones de hostigamiento». Esto podría implicar la implicación de personal especializado, como expertos en trabajo social, psicología, estudiantes y ayudantes, además de modificaciones en el ambiente educativo para asegurar su protección y bienestar.

Finalmente, sugiere promover un entorno educativo inclusivo en el que todos se sientan apreciados y acogidos puede contribuir a evitar el acoso. Esto podría conllevar actividades que incentiven la interacción entre alumnos con y sin discapacidad, además de la celebración de la diversidad en todas sus manifestaciones.

«Es importante abordar el acoso escolar en personas con discapacidad de manera específica y sensible, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada persona. La mayoría de ellos y ellas sufren el acoso en silencio, debido a sus dificultades para comunicarse y expresar sus sentimientos. Como consecuencia, el impacto es doble», ha defendido la portavoz y diputada socialista por Palencia, María Luz Martínez Seijo, recogía EP.

Políticas explícitas contra el acoso

Por lo tanto, ha reiterado que «es necesario llevar a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre el tema para la población en general y la comunidad educativa en especial».

Según los datos del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), las personas con discapacidad física experimentan un 26,9% de acoso escolar, las personas con discapacidad intelectual un 26,1%, las discapacidades visuales un 17,5%, las enfermedades mentales un 15,4% y las personas con discapacidad auditiva un 14,7%.

En realidad, ocho de cada diez alumnos con discapacidad intelectual son objeto de acoso escolar. Para combatir estos números, Martínez Seijo ha reiterado que es esencial concienciar y formar a los estudiantes y docentes, y que las instituciones educativas deben establecer políticas explícitas contra el acoso, incluyendo mecanismos de denuncia  detección temprana y consecuencias para los acosadores.