Las derechas, aliadas, tumba la base legal del gravamen temporal energético
Este jueves, el Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente el proyecto de ley que establece un nuevo impuesto mínimo para las corporaciones multinacionales. Esta norma forma parte de la reforma fiscal que el Gobierno aspiraba a implementar y que finalmente impone un impuesto a la banca, pero no al sector energético.
La jornada parlamentaria ha finalizado, según ha informado EP, con el voto de las modificaciones que el Senado propuso en el proyecto de ley, varias de las cuales han obtenido una vía libre del Congreso a pesar del voto contrario del Gobierno. Para que la ley entre en vigor, solo necesita ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La reforma fiscal es uno de los proyectos que ha sido más complicado llevar a cabo por parte del Gobierno en esta legislatura, ya que ha tenido que lidiar desde el inicio con intensas negociaciones a múltiples bandas con los grupos parlamentarios.
En realidad, la normativa logró sobrepasar su trámite en el Congreso, pero cediendo a acciones que el Gobierno deseaba, como incrementar la tributación al diésel, regular el sistema de las Socimis o imponer gravamen a los vehículos, aviones y yates de lujo.
PP y los socios del «ilegítimo»
Este jueves, el Congreso de los Diputados ha ratificado por mayoría absoluta la derogación del artículo jurídico que fundamenta el impuesto temporal a las compañías de energía, que se está extendiendo desde 2023.
Es una modificación a la reforma fiscal que el PP promulgó en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora ha sido ratificada en el Congreso con el respaldo de Junts y el PNV. Quienes ya no desean extender el gravamen.
En específico, la medida propone la anulación del artículo que rige la tasa en la ley que estableció los gravámenes temporales de energía, entidades crediticias y establecimientos financieros, y que estableció el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Obstáculos al acuerdo con ERC, Bildu y BNG
Tanto Aitor Esteban, portavoz del PNV, como Miriam Nogueras, portavoz de Junts, han corroborado en los pasillos del Congreso que sus estructuras no respaldan esta figura del gravamen. Ya que podría amenazar las inversiones en la industria energética y, en el caso de los vascos, porque su actual estructura de prestación de naturaleza no fiscal obstaculiza a las haciendas forales la recaudación de esta.
La anulación obstaculizaría el cumplimiento de su acuerdo con ERC, Bildu y BNG de extender el gravamen. Sin embargo, el Gobierno considera utilizar el Consejo de Ministros del próximo lunes, el último del año, para ratificar el decreto ley prometido. Así entrarán en vigor antes de que la reforma aprobada este jueves se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor la supresión de su base legal.
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