Cerca de 900.000 personas han fallecido a la espera de la dependencia desde 2006

Un estudio revela que este año el número de usuarios con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 24.549

Según el informe del Observatorio de la Dependencia, recogido por EP, del XVIII Aniversario de la Ley de Dependencia, indica que desde la aprobación de la ley en 2006, han fallecido 900.000 personas en listas de espera.

Asimismo, se muestra que en estos 18 años, se han atendido a 3,6 millones de personas en el Sistema de Atención de la Dependencia.

Además, el estudio señala que este año, en las listas de espera de la dependencia se contabilizarán un total de 18.592 con dificultades para resolver grados y 17.328 que no han conseguido ejercer sus derechos. «Esto implica que 98 individuos morirán diariamente en las listas de espera de la dependencia (una cada 15 minutos)», argumenta la asociación, agregando que desde 2017, el número de individuos fallecidos en las listas de espera ha llegado a 388.932.

Igualmente, indica que al finalizar el 2024, se encontrarán 131.083 personas en el limbo de la Dependencia. Además, enfatiza que este año el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 24.549 individuos, señalando que con esta rapidez, se necesitarían cinco años para obtener la atención completa.

Datos acumulados

El reporte también señala el recorte acumulativo de 6.321 millones de euros después del Real Decreto-Ley 20/2012 realizado por la Administración General del Estado hasta 2021, teniendo en cuenta la disminución del nivel pactado, la disminución del nivel mínimo y la eliminación de las contribuciones de las cuidadoras de la familia. En 2023, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón experimentaron una disminución en la financiación estatal de la dependencia debido a que en 2022 certificaron un desembolso inferior al promedio de 2020-2021 y obtuvieron menos de lo que les hubiese sido asignado si no hubiesen recortado sus presupuestos en años previos.

En particular, Cataluña obtuvo una reducción de 25,7 millones; Castilla y León, una reducción de 25 millones;  Extremadura, 12,1 millones menos; Comunidad Valenciana, 9,1 millones menos; Murcia, 2,3 millones menos y Aragón, 1,5 millones menos. Este ejercicio, 11.521, 8 millones de euros (0,8% del PIB) fue la inversión pública en Atención a la Dependencia y el 39,5% es lo que supone la aportación estatal en la financiación pública de la atención a la dependencia, habiéndose duplicado desde el año 2021, aunque aún no llega al 50%.

Plan de choque

El aumento acumulado, según informa la SER, en los tres años recientes en la contribución del estado para financiar el cuidado de la dependencia, conocido como Plan de Choque, llega a 3.644 millones de euros. Respecto al gasto medio por individuo «potencialmente dependiente» en España, se sitúa en 1.378 euros. La Rioja (1.825,37 euros) y Castilla-La Mancha (1.702,52) encabezan la inversión, mientras que Galicia (848,32 euros) y Asturias (805,71 euros) son las que menos invierten.

«Resulta muy preocupante que cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida, de manera que, si en el año 2010 ascendía a 8.145 euros, 14 años después, a pesar del incremento de costes (IPC) de los servicios, esta cuantía se ha reducido a 5.982 euros, un 26,6% menos», criticó la entidad. El reporte también indica que el 41,7% de la inversión en dependencia se reinvierte de nuevo en los fondos públicos mediante las cotizaciones a la Seguridad Social, el IRPF o el IVA, y que para el año 2024 alcanzará más de 3.550 millones.

Trabajo en el sector de la Dependencia

En cuanto al trabajo en el sector, el porcentaje de cuidadoras inscritas en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia es del 14,3%, sumando un total de 77.230 individuos. Para finales de este año, se habrían generado 355.833 puestos de trabajo directos, considerando que por cada millón de euros de inversión pública destinada a la atención a la dependencia se crean 40,8 puestos de trabajo directos. Conforme a estos hallazgos, la asociación instó al Gobierno de España y a las autoridades autonómicas a «acometer reformas que agilicen los trámites». «Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento», determinó, según ha informado la SER.