Ábalos desmonta ante el Supremo las acusaciones de De Aldama

Fuentes cercanas al exministro aseguran que les ha asombrado que el magistrado Puente haya decidido gestionar el suplicatorio antes de haber obtenido ni siquiera esta documentación que se ha proporcionado

La defensa de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha entregado este miércoles en el registro del Tribunal Supremo (TS) toda la documentación que mencionó en su declaración voluntaria del pasado jueves 12 de diciembre ante el juez del caso Koldo, que abarca su información patrimonial, los pagos por el alquiler del chalé que los investigadores ven como una posible dádiva, y los reportes de Adif y de la Dirección General de Carreteras que descartaban, según ha informado EP.

El texto que acompaña a ese bloque documental, al que Europa Press ha podido acceder, detalla que el propósito de presentarlo es que el juez instructor, Leopoldo Puente, «pueda tomar debida cuenta de todas y cada una de las actuaciones» que Ábalos ha llevado a cabo en diversas instancias judiciales y fiscalías, además de todas las declaraciones parlamentarias que han tenido relación con la investigación a lo largo de los años.

Dentro de esa documentación, y considerando su índice, se encuentra el informe de control del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre los contratos para la compra de mascarillas que están bajo investigación, la no aceptación de una denuncia presentada por el abogado Ramiro Grau ante el TCu en relación con ello; las diversas acciones jurídicas que el exministro ha llevado a cabo relacionado con esta causa, reportajes de prensa y las distintas cuestiones parlamentarias que desde junio ha formulado al respecto.

Acciones en la AN

Además, abarca la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes bajo la dirección del ministro en funciones, Óscar Puente, así como la contrapericial que Ábalos asignó para luchar contra la del Ministerio. A esto se añaden todas las acciones realizadas en la Audiencia Nacional para tratar de personarse, así como las diversas respuestas y recursos que surgieron.

En cambio, en un apartado particular dedicado al chalé de la urbanización de La Alcaidesa, Ábalos adjunta tanto el contrato de alquiler como los pagos correspondientes a dicho alquiler y la resolución del acuerdo.

En relación al caso Delcy, que se refiere al viaje infructuoso de la vicepresidenta de Venezuela a España en enero de 2020, proporciona tanto el informe de la Fiscalía como los diversos documentos de archivo relacionados con la causa. Además, aporta las diferentes comparecencias de cargos ministeriales en el Senado.

Suplicatorio al Congreso

Se presenta la situación de que Leopoldo Puente, el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), ha decidido pedir al Congreso de los Diputados que suspenda la inmunidad parlamentaria del exministro, al tener, bajo su juicio, suficientes pruebas de la comisión de hasta cuatro delitos: participación en organización delictiva, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Fuentes cercanas al exministro aseguran según EP, que les ha asombrado que el magistrado Puente haya decidido gestionar la petición antes de haber obtenido ni siquiera esta documentación que se ha proporcionado.

El juez comprende que «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados sobre la posible implicación de Ábalos en los sucesos hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente», recoge EP.

Suficientes razones

En un documento, también recogido por EP, Puente detalla que procede a tomar declaración tanto a Ábalos como a su asesor ministerial, Koldo García, y al supuesto beneficiado de la trama, el empresario Víctor de Aldama, basándose en la documentación proporcionada por todos ellos y los hallazgos de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios que acordó la Audiencia Nacional (AN).

Según su criterio, existen suficientes razones para sostener que Ábalos, «prevaliéndose de su condición de ministro», «y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la administración pública o del sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del COVID-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad».