La diputada defiende que el eje central de la política del Ejecutivo debe ser el compromiso firme con la vivienda pública «duradera»
Verónica Martínez Barbero, representante de Sumar en el Congreso, ha reprochado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, «no se está atreviendo a frenar los precios del alquiler» y le exhorta «ya de una vez» a implementar las acciones que demanda «la calle», según ha publicado EP.
En una conversación con la agencia de noticias, ha enfatizado que el pacto gubernamental con el PSOE se comprometía con firmeza a mejorar el acceso a la vivienda. Sin embargo, a lo largo del tiempo desde el inicio de la legislatura, observan que las soluciones «no acaban de llegar» o «no son lo suficientemente valientes».
«Ya no es que no le lleguen a la calle, es que no llegan ni al Boletín Oficial del Estado (BOE)«, ha expresado Martínez Barbero, quien ha aclarado que no es que estén «más distanciados» con su socio por la administración de vivienda, sino que han «podido constatar» que el Gobierno «no se está haciendo cargo» de un asunto «crucial» para la población.
Escuchar a la calle
«La ministra de Vivienda, repito, tiene que volver a escuchar a la calle y saber lo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es ser valientes y contundentes para frenar la especulación de precios (…) Tenemos que atrevernos ya», ha reclamado la portavoz de Sumar, según recoge EP.
A su vez, ha afirmado que Sumar sí está planteando iniciativas, como la proposición de ley conjunto a otros grupos parlamentarios para restringir el alquiler de temporada (ya en trámite en el Congreso) o condicionar la recepción de fondos estatales para que las autonomías del PP se adhieran a la Ley de Vivienda, ya que cuenta con herramientas para regular el mercado de alquiler.
En realidad, Sumar propone establecer un contrato de alquiler indefinido o destinar el 1% del PIB anual al despliegue de vivienda pública asequible, con un fondo que cuente con 40.000 viviendas. Incluso sugiere la edificación de 500.000 viviendas públicas con un alquiler de al menos 400 euros mensuales.
Diferencias entre Bustinduy Rodríguez
Por ejemplo, ha indicado que hay un «diferencia notable» entre la postura de la responsable de Vivienda y las acciones del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), quien está decidido a «enfrentar» a las plataformas de renta de pisos turísticos.
Así, aludía a la resolución de la Dirección General de Consumo, subordinada a la cartera de Bustinduy, de instaurar un procedimiento sancionador contra una plataforma por no eliminar anuncios de hospedajes que se publicitaban sin licencia.
Martínez Barbero ha enfatizado que es un deber «frenar la especulación» que ocurre en áreas desafiantes del mercado para evitar el incremento de precios, elemento que finalmente provoca la «expulsión» de las personas de sus barrios. De hecho, ha advertido de que los precios han subido un 78% en la última década.
Otras opciones completmentarias
Cuestionada acerca de su postura respecto a la empresa pública de vivienda, anunciada por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, en el congreso reciente del PSOE, ha sostenido que, más allá de esta entidad, debe estar vinculada con otras. En otras circunstancias, «se queda corta» y resulta insuficiente.
Por lo tanto, ha aclarado que el eje central de la política del Ejecutivo debe ser el compromiso firme con la vivienda pública «duradera». Según Martínez Barbero, lo crucial es que la propiedad pública del parque de viviendas sea constante, que en ninguna circunstancia puede pasar posteriormente al sector privado para su especulación.
«Es lo que no puede ocurrir.» ¿Organismo público encargado de la vivienda? «Bien, pero dentro de un marco de criterios realistas para alcanzar nuestro objetivo, que es detener de una vez por toda la subida constante de precios», ha dictaminado.
Sareb
Finalmente, preguntada acerca de si esta compañía también debería convertirse en una inmobiliaria pública, para construir y administrar pisos sin operadores privados, la representante parlamentaria ha manifestado que «sin duda». «La casa pública que se mantenga pública», ha dicho con un gesto.
El 12 de diciembre del pasado año, el Congreso instó al Gobierno a través de una proposición no legislativa, acordada entre Sumar y Podemos, según informa EP, a que la empresa pública de vivienda aproveche los inmuebles que tiene a su disposición la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible.
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