El Supremo solicita a la UCO los números y los titulares de los dispositivos intervenidos a García Ortiz

El instructor de la causa, indica que toma esta resolución considerando el resultado obtenido después del informe pericial

Ángel Hurtado, juez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha enviado un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitando que le proporcione los números telefónicos y de IMS/IMEI, así como la titularidad de las tarjetas de los dispositivos móviles que fueron utilizados en el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, según informa Público.

Hurtado ha emitido una providencia para requerir a la UCO los datos que se encuentran en el registro de la entrada y registro realizada el 30 de octubre en el despacho del fiscal general. Este caso se investiga por la supuesta difusión de un correo electrónico en el que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura como destinatario, y en el que asumía haber defraudado a Hacienda.

En la providencia, Hurtado, el juez de la causa, indica que toma esta resolución considerando el resultado obtenido después del informe pericial efectuado por la UCO sobre el material intervenido en el registro, y considerando los datos referentes a dispositivos móviles que se mencionan en el acta levantada en relación con este.

APIF

El pasado lunes, una de las acusaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha pedido extender las acusaciones contra el fiscal general en un informe donde ha centrado su atención en la posible modificación de los números telefónicos de los integrantes del equipo de García Ortiz.

Desde su perspectiva, resulta imprescindible determinar si el fiscal general «ha cambiado de terminal móvil» desde el 13 de marzo hasta el presente y «los IMEI afectados», ya que, según publica Público, «la UCO ha podido peritar un teléfono que no fue utilizado por el investigado durante los días 13 y 14 de marzo».

Este periodo es crucial en la investigación, ya que el 14 de marzo por la mañana se difundió por primera vez la carta completa de reconocimiento de delitos que se encontraba en el correo, donde la defensa de Alberto González Amador proponía un acuerdo al fiscal.