Una asociación de fiscales atribuye a García Ortiz nuevos delitos

La APIF señala que, antes del filtrado, hay una sección del iter criminis que ya se encuentra completamente realizada por el investigado: la apropiación ilegal de la información

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -responsable de la acusación popular en la investigación que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo tras la denuncia presentada por la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos– ha indicado al principal acusado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dos nuevos crímenes: «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación.» Así lo ha informado EP

En un documento, al que Europa Press ha tenido acceso, la asociación solicita al juez Ángel Hurtado que convoque ya a declarar como investigado a García Ortiz, tras la aportación a la causa de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a los datos confiscados en el registro al despacho del fiscal general y en la oficina de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Móviles y ordenadores

La APIF, según la agencia, de la misma forma solicita al juez instructor que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte «los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole».

Entre el listado de diligencias que reclama al juez, la asociación incluye el «listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles» de García Ortiz y Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. Y pide a su vez que se acredite si el fiscal general «ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo».

La asociación, encabezada por los letrados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoléon Cánovas, argumenta que del informe de la UCO sobre Rodríguez «se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado», haciendo referencia a García Ortiz.

«Nocturnidad»

La APIF señala que, antes del filtrado, hay una sección del iter criminis que ya se encuentra completamente realizada por el investigado: la apropiación ilegal de la información. «Ni el Fiscal General del Estado, ni la Jefe provincial, tenían a su disposición esa información, por mucho que remate jerárquicamente el primero la institución», enfatizan.

En relación con esto, sugieren que García Ortiz, en vez de «llamar a su presencia a un fiscal, y por los cauces reglamentarios», optara por «quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía WhatsApp, y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo».

Para la asociación, esto representa «una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla». «Por tanto, a nuestro juicio, el apoderamiento ilegal está claramente consumado», agrega según recoge EP.

Adicionalmente, la APIF sostiene que «se ha acreditado también el delito de prevaricación administrativa», dado que el fiscal general «y ha acreditado también el delito de prevaricación administrativa», haciendo referencia a García Ortiz y Rodríguez.

«Prevaricación administrativa»

La asociación sostiene que es «insalvable la forma (llamadas y WhatsApp fuera manifiestamente de horario laboral), la falta de constancia posterior (no se volcó esta actuación a documentos oficiales), el borrado posterior de los WhatsApp del móvil del investigado Álvaro García Ortiz, prueba incriminatoria donde las haya, la falta de firma electrónica, la ausencia de legalidad al no cumplir los cauces del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de obtención de información de un inferior jerárquico» y la «brecha de seguridad al sacar de un entorno seguro la información secreta a un correo no corporativo».

«Todo ello nos lleva a apuntar a un delito de prevaricación administrativa en concurso con el delito bien de infidelidad en la custodia de documentos públicos o bien de descubrimiento y revelación de secretos», señala la APIF.