Los jueces Castro e Yllanes, entre otros, reclaman a Felipe VI que renuncie a su inviolabilidad durante su discurso de Nochebuena

Los solicitantes demandan que, desde el Ejecutivo, se indique «al jefe del Estado que renuncie expresa y públicamente al privilegio que también disfrutó Juan Carlos I»

Un conjunto de destacados jueces y juristas de las Illes Balears, entre los que se incluyen José Castro, famoso por encabezar la instrucción del caso Nóos, y Juan Pedro Yllanes, que abandonó la presidencia del juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para entrar en la política a través de Podemos, han enviado una misiva al mandatario del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de solicitar al rey Felipe VI que en su discurso de Nochebuena renuncie a la inviolabilidad.

En la misiva, que ha recogido elDiario.es, mencionan que el 9 de mayo de 2022 «doña Carmen Calvo, en la actualidad presidenta del Consejo de Estado, informó de la gestión realizada para, sin reformar la Constitución, suprimir el privilegio que disfruta el jefe del Estado y que le permitiría cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia lo que, en su caso, podría provocar la indefensión de personas afectadas. Prueba de lo anterior es el informe que, dos meses antes, había emitido el fiscal general anticorrupción sobre ciertas actuaciones protagonizadas por el jefe del Estado anterior».

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La carta, divulgada por el periódico local Última Hora, continúa de la siguiente manera: «Transcurridos más de dos años y medio desde que la señora Calvo informó del fracaso de aquella gestión, existe un amplio consenso sobre el peligro que corre la democracia. Por ello, quienes nos sumamos a este escrito consideramos que cualquier excepción que pueda cuestionar un fundamento de la democracia como lo es el de la igualdad de todos ante la ley, tal como lo puede entender cualquier persona y como, de hecho, aparece redactado en el artículo 14 de la Constitución, contribuye a potenciar las soluciones autoritarias y, por tanto, a debilitar la democracia.

Preocupados por el retraso que se viene produciendo en la adopción de una decisión política que establezca una interpretación de los artículos 56 y 64 de la Constitución que descarte cualquier apariencia de excepción respecto de lo establecido en el artículo 14 citado, le pedimos que, desde el Gobierno que preside, indique al jefe del Estado que renuncie expresa y públicamente al privilegio que también disfrutó Juan Carlos I.

Consideramos que el discurso que pronunciará el día 24 de diciembre puede ser un momento muy adecuado para anunciar tal renuncia, especialmente tras las celebradas palabras que pronunció el día 11 de este mismo mes en Italia, en las que hizo referencia a la memoria como conciencia compartida en ambos países sobre un pasado que no debe repetirse ni como caricatura«.

Encuestas ocultas

Es importante recordar, según apunta elDiario.es, que en enero de este año, el mismo grupo de juristas envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando que se desclasifique toda la información relacionada con las encuestas que el exmandatario Adolfo Suárez habría asignado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española. El objetivo, determinar si la opinión pública, en el marco de la Transición, optaba por un Estado monárquico o republicano. Los sondeos otorgaban el triunfo a la instauración de una nueva República en España. Sin embargo, los detalles que envuelven este tema se mantienen en el fondo oscuro de los secretos oficiales.

La elaboración y los hallazgos de dichas encuestas habían adormecido el sueño de los derechos durante décadas hasta que un ‘esliz del propio Suárez se volvió en su contra. En una entrevista única que Victoria Prego, periodista y biógrafa oficial de la Transición, concedió en 1995 al expolítico y que La Sexta Columna desveló en noviembre de 2016 -exactamente 21 años después-, Suárez admitió que, al promover en 1977 la Ley para la Reforma Política que suprimía legalmente las estructuras del régimen franquista, incorporó en ella los términos rey y monarquía, incluyendo disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

«Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya», justificó literalmente el expolítico, quien, de esta manera, evitaba una consulta directa sobre monarquía o república y garantizaba la continuidad de la institución dinástica sin ni siquiera haber sido sometida a elecciones populares.