Rodrigo Rato, exministro del PP, condenado a 4 años y 9 meses de cárcel por blanqueo y defraudar a Hacienda

La Fiscalía recuerda que el expolítico se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal. De la misma forma apunta que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía

Rodrigo Rato, uno de los hombres «fuertes» de Aznar, exministro de Economía y exdirigente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid. Tendrá que enfrentarse a una pena de 4 años y 9 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre individuos. Todo ello, en el contexto de la investigación sobre el supuesto aumento ilegal de su patrimonio.

El tribunal de la Sección número 7 de esta audiencia, en un fallo de más de 1.100 páginas donde la presidenta Ángela Acevedo ha sido la oradora, considera dilaciones injustas debido al periodo que ha abarcado la causa.

El Rato mismo se ha dirigido a la sede de la Audiencia Provincial de Madrid para recibir su fallo, ya que la notificación era personal y no puede ser reemplazada. A su llegada, después de ser cuestionado sobre su expectativa de esa resolución, ha dicho a los periodistas «que lo pasen ustedes bien».

Es importante recordar que en su informe de acusación, Elena Lorente, fiscal anticorrupción, planteaba más de 70 años de prisión para Rato por su presunta defraudación fiscal de 8,5 millones de euros. Señalaba que el exministro habría ocultado un patrimonio desde 1999 a la Hacienda Pública mediante varias empresas. Con ellas habría llevado a cabo actividades constantes de inversión financiera a través de cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

Incrementos de patrimonio sin justificar

La Fiscalía indicaba que el estudio de la documentación obtenida permitió detectar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015. El valor total llega a los 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario extranjeros no reportados a Hacienda. De acuerdo con dicha documentación, y de acuerdo con el informe del 7 de julio de 2020 emitido por la Unidad de la AEAT vinculada a la Fiscalía Anticorrupción, determinaron que existieron cuotas fraudulentas por valor de 7,4 millones de euros.

La Fiscalía recordaba además que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal. De la misma forma, apuntaba que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35. Así lo ha informado EP.

En relación con esto, Anticorrupción señalaba que Rato, «lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente –su fortuna– utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior».

Es importante tener en cuenta que en este proceso judicial se ha permitido a Rato el tratamiento completo de la causa, ya que en 2019 la Audiencia Provincial optó por anular el proceso relacionado con el supuesto cobro de 835.000 euros en comisiones por el expresidente del Fondo Monetario Internacional y presidente de Caja Madrid, por contratar la publicidad de Bankia por su entrada a Bolsa con dos agencias específicas. Por este tema, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.

Los casos de Rato

La Audiencia instruyó al jefe del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid a reunir todas las partes que componen el famoso caso Rato con el fin de fusionarlo en un solo procedimiento. En su fallo, los magistrados detallaron que de esta manera se prevendrían «pronunciamientos contradictorios». Algo que podría surgir si se examinaban de manera individual las decenas de piezas que se habían abierto para aclarar el origen del patrimonio de Rato.

En septiembre de 2020, el exvicepresidente de José María Aznar recibió el fallo de la Audiencia Nacional que le eximía de la culpabilidad por la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, empresa que en ese entonces lideraba.

Previo a la divulgación de esa absolución, ya fue sentenciado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black de la desaparecida Caja Madrid. Una condena que el Tribunal Supremo ratificó en octubre de 2018 y que le forzó a ingresar en la cárcel de Soto del Real en Madrid.