Cataluña será la primera comunidad que impondrá sanciones para hacer cumplir la ley de la vivienda

Consumo alerta de que, si estas acciones son consideradas «infracciones graves», las multas pueden ascender a 100.000 euros

La vivienda ha ocupado gran parte del debate del Parlamento del pasado miércoles. Con el foco en los presupuestos, Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, ha declarado que Catalunya será el primer territorio estatal en aplicar penalizaciones para obligar a cumplir la ley de vivienda a partir del año próximo. Particularmente, se aplicarán sanciones a aquellos que no respeten los límites establecidos por los alquileres en aquellas áreas consideradas tensionadas.

«Catalunya será la primera comunidad autónoma en disponer de un régimen sancionador ante quienes quieran especular; las viviendas están para vivir», ha dicho el presidente, según recoge Público. En este contexto, ha declarado que el Gobierno aplicará estas sanciones tan pronto como sea posible y fuera de los presupuestos, incluyendo también los recursos humanos requeridos.

El mandatario ha añadido que la secretaria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, está analizando la manera de implementar este sistema. Esta acción añade a un plan de vivienda que contempla la edificación de 50.000 hogares públicos hasta el año 2030 y una inversión de 4.400 millones en este mandato.

Illa ha emitido el comunicado en respuesta a la solicitud de Jéssica Albiach, la líder del Parlamento Comunista. Una de las exigencias de la formación de izquierdas es establecer sanciones para alinear posiciones con el Gobierno del PSC antes de la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2025.

Miles de anuncios

La Dirección General de Consumo ha optado por iniciar un procedimiento sancionador contra una plataforma de renta de pisos turísticos por publicar hospedajes sin licencia. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha implementado la medida debido a que la compañía ha mantenido la oferta, pese a que en junio se le solicitó su retirada «inmediata».

Estamos hablando de «miles de anuncios» relacionadas con «pisos turísticos que incluyen publicidad ilícita» de diversas comunidades autónomas, dado que «no proporcionan número de licencia». Consumo ha alertado que esta publicidad podría calificarse como «conductas comerciales desleales» y también como «lesiones y riesgos para los intereses» de los consumidores de manera general.

Consumo ha alertado, según informa Público, que, si estas acciones son consideradas «infracciones graves», las sanciones pueden ascender a 100.000 euros, un monto que puede exceder hasta llegar a cuatro o seis veces el beneficio ilegal obtenido. No obstante, añade que el comienzo de esta revisión «no prejuzga el resultado final».

Esta acción de la Dirección General de Consumo se añade a otras acciones emprendidas en el ámbito de la vivienda, como otra investigación a grandes propietarias de pisos turísticos por «posibles prácticas engañosas» y otra contra agencias de bienes raíces que «hubieran llevado a cabo prácticas abusivas».