El magistrado Leopoldo Puente investiga las supuestas adjudicaciones irregulares pactadas durante la pandemia para la adquisición de equipos de salud
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro arrestos vinculados con los registros realizados el lunes en el contexto de la causa de hidrocarburos que involucra a Víctor de Aldama, el supuesto beneficiado del caso Koldo. Entre estos se encuentra el de la mujer que afirmó haber dado 90.000 euros en el local del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
Diversos medios de comunicación, entre los que cabe mencionar EP por el acceso a fuentes del caso, han corroborado estas detenciones. Entre las mismas se incluye la de Carmen Pano, aunque enfatizan que el detenido se ubica únicamente en la investigación de hidrocarburos dirigida por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, sin vínculo, por lo tanto, con la supuesta transferencia de dinero en Ferraz.
Además, la madre e hija de Carmen Pano han sido detenidas en el contexto de unas investigaciones policiales que dejan un cuarto detenido, un socio de Aldama que tiene vínculos con la supuesta trama de hidrocarburos, según especifican las mencionadas fuentes.
Este lunes, la UCO ha llevado a cabo registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Zaragoza, en el contexto de la investigación en la que se busca a Víctor de Aldama, entre otros, por un supuesto fraude en el sector de los hidrocarburos.
A la agencia de comunicación, fuentes del caso, han corroborado que los agentes se han presentado en una compañía en Calatayud (Zaragoza), relacionada con un socio de De Aldama, supuesto beneficiado del caso Koldo.
Causa en secreto de sumario
La intervención de la UCO está ocurriendo simultáneamente con la declaración del empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo en su papel de indagador en el caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente investiga las supuestas adjudicaciones irregulares pactadas durante la pandemia para la adquisición de equipos de salud.
El pasado octubre, el juez Pedraz dictó prisión provisional a De Aldama y a su colaborador Claudio Rivas por su supuesto involucramiento en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El juez concedió la liberación del primero tras su declaración voluntaria en el caso Koldo, sin embargo, Rivas sigue en prisión.
En esta causa, que se mantiene en secreto de sumario, el juez examina a ambos como líderes de la supuesta organización delictiva, a María Luisa Rivas como subdirectora, junto con otros colaboradores y una serie de testigos ubicados en los entes administrativos de las empresas proveedoras.
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