Los contratos de emergencia de la DANA de Mazón y las empresas afines al PP

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació concede un contrato de emergencia de 1,2 millones de euros para una empresa experta en comunicación y mercadotecnia

La devastación de las infraestructuras de carreteras y ferrocarriles, así como de depuradoras y colectores, entre otros componentes, después de la catástrofe de la DANA, ha generado una enorme oportunidad para constructoras y otras compañías de contratación que han conseguido lucrativos contratos de emergencia, otorgados a dedo por definición, según ha informado elDiario.es.

Dentro de las empresas que han aportado millones en la etapa de reconstrucción, se encuentran dos empresas vinculadas a las administraciones dirigidas por el PP en comunidades autónomas como Murcia o Galicia, que han sido incluidas en el listado de adjudicatarias de la Generalitat Valenciana. Estas empresas se añaden a las empresas relacionadas con casos de corrupción de los populares en litigios judiciales como Gürtel o el caso Taula.

También en la época de Puig

El Gobierno de Carlos Mazón ha otorgado, como mínimo, casi 62 millones de euros a compañías que aportaron a diversas cajas B del Partido Popular, según ha reportado elDiario.es. Los contratos a dedo han sido utilizados para paralizar a empresas acusadas por la trama Gürtel en proyectos de infraestructura ferroviaria o en la restauración de una presa gravemente dañada por la DANA. No obstante, estas son compañías que a lo largo de la historia han sido adjudicatarias de la Generalitat Valenciana, incluso durante la etapa del Ejecutivo del Pacte del Botànic, conformado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, bajo la presidencia del socialista Ximo Puig.

Otras dos compañías vinculadas al Partido Popular se han establecido como clientes de la Generalitat Valenciana. Es STV Gestión SL, donde José Manuel Cuenca, actual secretario autonómico de Mazón, ocupó la posición de comunicación y relaciones institucionales, antes de integrarse inicialmente al grupo parlamentario popular en las Corts Valencianas, y luego de las elecciones autonómicas de 2023, al Palau de la Generalitat.

El gobierno de Mazón concedió uno de los primeros acuerdos de emergencia, destinados a la limpieza de polígonos industriales impactados por la DANA, a la compañía con base en Murcia. La misma STV Gestión SL, que Mazón abrió la puerta de la provincia de Alicante durante su mandato como alcalde de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, o del consistorio de Finestrat, cuyo alcalde, Juan Francisco Pérez Llorca, también es secretario general del PP de Valencia y miembro del Parlamento autonómico.

La empresa pública Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, donde el jefe de gabinete de Mazón desempeña un papel de consejero, recientemente otorgó a STV Gestión SL el contrato —esta vez mediante un proceso abierto— para el servicio de conservación y mantenimiento de las áreas verdes, sistemas de riego y administración del agua en la Ciudad de la Luz de Alicante, por un valor total de 230.615 euros.

Fondos para comunicación

Adicionalmente, según ha informado elDiario.es, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) otorgó un acuerdo de emergencia valorado en 3,2 millones de euros a la compañía Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA, que es propiedad de varios accionistas de STV Gestión SL.

Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA también consiguió, el 12 de diciembre pasado, un contrato de urgencia de la Diputación de València, liderada por el conocido Vicente Mompó, para la construcción de estructuras en dos barrancos en el municipio de Yátova.

A pesar de que no solo se han aportado fondos de reconstrucción para las obras después de la DANA, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), bajo la dirección del conseller José Antonio Rovira, ha concedido un contrato de emergencia de 1,2 millones de euros para las unidades móviles de trabajo a la empresa Silman 97 SL, experta en comunicación y mercadotecnia. Esta compañía ha obtenido más de 10 millones de euros en acuerdos de la Xunta de Galicia, tanto con Alberto Núñez Feijóo como con Alfonso Rueda de mandatarios.