Desde el Partido Popular aseguran que el texto es «innecesario por redundante e inoportuno y no aporta ninguna nueva garantía a los pacientes»
La propuesta promovida por el PSOE busca instaurar una nueva normativa en relación con las instrucciones previas, con diversas metas. Por un lado, la legislación se ajusta a lo establecido en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, incluyendo la petición de ayuda para morir entre las circunstancias que justifican la realización de tal declaración previa de la voluntad. Por otro lado, se establece que las directrices previas se generen dentro de los límites legales, suprimiendo la referencia a la Lex artis, y proporcionando mayor seguridad jurídica a su implementación.
La legislación intenta fortalecer la supremacía de la voluntad individual y la salvaguarda de su dignidad, fortaleciendo el derecho de cada individuo mayor de edad a expresar de manera anticipada su deseo respecto a los cuidados y tratamientos médicos que aspira a recibir al final de su vida a través de un documento de instrucciones previas o documento legal similar.
«Hoy debatimos aquí sobre el derecho de todos a decidir libremente. Qué cuidados prefieren cuando se enfrentan a la enfermedad o a una situación clínica sobrevenida. A decidir de acuerdo con los límites y garantías que ofrece la ley. Hablamos de las llamadas instrucciones previas o testamentos vitales», expuso la diputada del PSOE Caridad Rives en la tribuna de oradores, quien además negó que esté relacionado con la eutanasia.
«No estamos reabriendo el debate de la eutanasia. Ese debate ya lo tuvimos en 2021 y, gracias a un Gobierno socialista y al apoyo de la mayoría de los grupos, hoy contamos en España con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que añadió un nuevo derecho a la ciudadanía con todas sus garantías jurídicas y sanitarias», ha defendido la diputada.
Desconocimiento
En este punto, Rives expresó su pesar de que actualmente la mayoría de la población desconoce las instrucciones previas. «La situación en nuestro país es que, tras 22 años, solo se han registrado poco más de 454.500 de estos documentos.» Todo esto señala la limitada comprensión social de estos testamentos vitales, a pesar de la importancia que posee este documento para honrar la voluntad de los pacientes cuando no sean capaces de expresarla de manera autónoma», recoge EP.
Además, Rafael Cofiño, diputado de Sumar, valoró de «positivo» el proyecto de ley que busca «escuchar a las personas para que puedan tomar las decisiones de su vida». Además, comunicó que presentarán modificaciones para perfeccionar el texto: «Creemos que es imprescindible implementar una serie de mejoras que realizaremos a lo largo del proceso legal, como por ejemplo incluir elementos relacionados con los consentimientos y los ingresos no voluntarios en individuos con trastorno mental psíquico, además de las contenciones».
PP y Vox en contra
En cuanto a Vox, pidió el uso del turno en contra para manifestar su repudio a la ley. «Afirman que están protegiendo la autonomía del paciente, su dignidad, o cómo prevenir su dolor.» Por lo tanto, mi pregunta es por qué no se discute una ley de cuidados paliativos, o por qué no se discute cómo poner fin a las vistas de espera en la dependencia», indicó Lourdes Méndez, diputada de Vox.
Asimismo, Méndez criticó que el enfermo tome esta decisión «en un escenario asistencial de total desamparo», lo que ve como «un verdadero absurdo». «Defender la vida no es defender el dolor. Existen medios para paliar el dolor y el sufrimiento, como la sedación paliativa para procurar una buena muerte cuya intención no es matar al enfermo», manifestó la de Abascal.
Respecto a esto, Marta González, diputada del PP, declaró que el texto es «innecesario debido a su redundante e inoportunidad y no proporciona ninguna nueva garantía a los pacientes». «Además, sugería la eliminación de la Lex Artis evidencia la gran desconfianza y temor que el Gobierno y el Grupo Socialista experimentan hacia el personal de salud español», reprochó la popular.
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