Si finalmente se aprueba el trámite de la proposición no de ley, Junts perdería el derecho de presentarla a votación en el Pleno del Congreso hasta el próximo periodo de sesiones
El próximo martes, la Mesa del Congreso tiene la intención de analizar la proposición no de ley presentada por Junts, que solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, someterse a un examen de confianza para evaluar su respaldo parlamentario un año tras su investidura.
Normalmente, el órgano de gobierno de la Cámara se congrega los martes y solo examina las propuestas de los grupos inscritos en la semana previa. Por lo tanto, la proposición que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, presentó desde Bruselas este lunes, no se encuentra en el marco de la reunión de la Mesa de este martes.
Por lo tanto, el martes se recibirá la propuesta de Junts en el órgano rector del Congreso con una nota de los servicios jurídicos que, como suele ser, informarán sobre si se debe calificar tal como se registró o si perciben algún inconveniente formal. En cualquier situación, la perspectiva de los letrados no es obligatoria.
Por ahora, de acuerdo con fuentes parlamentarias, lo único que se ha observado es que no se han registrado precedentes de una proposición no legal en la que se exija al presidente del Gobierno la activación de un mecanismo parlamentario que solo él posee la autoridad para implementar y que está estipulado en la Constitución.
En cualquier circunstancia, será la Mesa, donde el PSOE y Sumar cuentan con mayoría, la que decida si acepta o no tramita la proposición no de ley de Junts.
En ocasiones previas, sí se han elaborado documentos que solicitaban al Gobierno, por ejemplo, convocar el Debate sobre el estado de la Nación, un evento que, al igual que el asunto de confianza, solo es responsabilidad del Ejecutivo convocarlo.
Tendría que sumar la derecha
En su momento, según informa EP, la Mesa del Congreso también admitió a trámite la ley de amnistía debido a que el letrado mayor sostuvo que, a pesar de las sospechas de inconstitucionalidad, no es responsabilidad del órgano de gobierno de la cámara interrumpir su procedimiento, ya que solo es responsabilidad del TC determinar si un texto infringe o no la Constitución. Ese mismo criterio se aplicó a propuestas de Vox en materia de inmigración que Sumar veía como inconstitucionales y que pasaron por la Mesa.
En cualquier caso, si finalmente se aprueba el trámite de la proposición no de ley, Junts perdería el derecho de presentarla a votación en el Pleno del Congreso hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de febrero.
Además, si la propuesta prospera, lo que implicaría la incorporación de Partido Popular y Vox, la propuesta de Junts no tiene un cumplimiento obligatorio, al igual que otras proposiciones no legales que el Pleno ha aprobado a pesar de la resistencia del Gobierno.
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